Nos vendieron un sueño. Nos entregaron una trampa.
48 familias compramos terrenos en subastas oficiales del Poder Judicial de Córdoba. Todo fue legal, con papeles en regla. Pero después nos dijeron que están en una reserva natural: Se puede escriturar pero no se puede construir. El mismo Estado que los vendió, ahora nos bloquea el uso de nuestra propiedad. Exigimos justicia.

Las dimensiones de una estafa legal
El conflicto que vivimos no es un error aislado. Es un entramado institucional con múltiples responsables, donde las garantías del Estado se diluyeron. Todos cobraron y siguen cobrando de nuestros ahorros, nuestros sueños e ilusiones, ninguno se hace cargo del perjuicio que nos ocasiona. Una estafa a las familias por más de $220.000.000 (doscientos veinte millones de pesos) Estas son las claves del caso:
El Poder Judicial subastó tierras con restricciones ocultas
Más de 70 lotes fueron subastados por el Poder Judicial de Córdoba con planos aprobados y respaldo legal. Pero todos estaban alcanzados por normativas ambientales que impiden construir, habitar o siquiera intervenir el terreno.
Reserva Natural con usos bloqueados
Los terrenos están dentro del Área Natural Protegida Los Manantiales, regulada por la Ordenanza 2094/14. La normativa prohíbe construir, habitar o modificar el suelo, salvo con estudios ambientales costosos y condiciones técnicas prácticamente inaccesibles.
Autoridades sabían, callaron y facturaron
El Juzgado, la Municipalidad, Catastro y Medio Ambiente sabían y expusieron en la subasta que los terrenos estaban dentro de una reserva natural. Ninguna de esas instituciones advirtió la restricción de construcción ni frenó la subasta. El silencio fue institucional.
50 notas ignoradas por la Municipalidad
Presentamos más de 50 notas por Mesa de Entradas al Intendente y funcionarios municipales. Nunca respondieron. No hay respuestas ni soluciones: solo silencio, evasivas y un Estado que nos empuja de oficina en oficina como si no existiéramos.
Más de 48 familias afectadas
Podríamos ser tus vecinos. Somos familias argentinas, personas comunes como vos: trabajadores, jubiladas, docentes, jóvenes que soñaban con su primer terreno. Compramos legalmente, confiamos en el Estado… y terminamos estafados.
Documentación en regla, derechos vulnerados
Tenemos adjudicación legal, actas firmadas por el Poder Judicial, planos de mensura y certificados de Catastro. Todo en regla! pero el derecho a construir, habitar y proyectar una vida nos fue negado. Hoy nos prohíben usar lo que es nuestro, y nadie se hace cargo.
Pruebas del fraude y organización vecinal
Exponemos documentos oficiales que prueban el engaño: planos entregados por el propio Juzgado, mapas oficiales de Catastro y leyes provinciales que impiden construir. Todo lo que el Estado sabía… pero igual nos vendió. Además, acá organizamos el reclamo colectivo: somos más de 45 familias estafadas y seguimos sumando damnificados, exigiendo justicia.
Documentos que prueban el fraude
- Planos oficiales entregados por el Juzgado.
- Mapas de Catastro que muestran parcelamiento.
- Normas provinciales que impiden construir.


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«Enviamos más de 50 notas a la Secretaría de Obras, Servicios y Desarrollo, y al Intendente Ezequiel Emiliano Lemos. Todas fueron presentadas por Mesa de Entradas. Nunca recibimos una sola respuesta. El silencio institucional también es una forma de violencia.»